Corporate compliance.

El compliance se ha convertido en el instrumento más efectivo para transmitir confianza a los inversores, clientes, proveedores y Administraciones y, potenciar su crecimiento como consecuencia de que el conocimiento de los entornos regulatorios ayuda en la prevención, detección y gestión de las posibles situaciones de riesgo o irregularidades.

Empecemos a trabajar

Operamos en un panorama regulatorio cada vez más complejo.

El panorama Corporate Compliance es cada vez más extenso y exigente y ejerce una gran presión en el diseño y estructuras de las organizaciones y en las operaciones comerciales internas e internacionales y, para ayudarles contamos con diferentes servicios que con un enfoque multidisciplinar permiten a las organizaciones diseñar, implantar e integrar su Sistema de Gestión del Compliance que les ayude a consolidar una efectiva cultura de cumplimiento.

Ámbitos de compliance.

El Código Penal español considera que las personas jurídicas pueden ser responsables penalmente y establece una lista tasada de delitos que pueden ser cometidos por sus representantes legales y empleados en nombre y representación de la organización y con un beneficio directo o indirecto.

El gran número de marcos de referencia que los Códigos de Buen Gobierno Corporativo realizan al tratamiento de los riesgos de soborno y corrupción y que la comisión de los delitos de esta naturaleza en el seno de las organizaciones suele ser una de las mayores preocupaciones a nivel global ocasionó el nacimiento e impulso de los sistemas de compliance, dando lugar a la especialización autoregulatoria publicada en octubre de 2016 la ISO 37001: Sistemas de gestión anti soborno.

La legislación española sanciona penalmente las infracciones en blanqueo de capitales y además impone administrativamente a determinadas personas físicas y organizaciones que operen en los sectores del ámbito de aplicación a un cumplir un comportamiento y diligencia debida.

Una traducción simple del delito de blanqueo de capitales diría que es aquella conducta encaminada a borrar las huellas y el rastro de un dinero obtenido de modo ilícito (como el tráfico de drogas, de armas, o el terrorismo) y dar una apariencia de ingreso legal o legítimo a través de un negocio simulado; pero, las modalidades del delito de blanqueo de capitales que prevén el artículo 298 y siguientes es mucho más amplio y las modalidades típicas se agrupan de la siguiente manera:

  • Adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes sabiendo que tienen su origen en un delito grave.
  • Realizar cualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes.
  • Realizar cualquier otro acto para ayudar a la persona que ha participado en la infracción para eludir sus consecuencias legales.
  • Ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o su propiedad, a sabiendas de que proceden de un delito grave.

A su vez hay personas físicas y organizaciones que están obligadas al cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, esto es, estos sujetos obligados que se señalan en los párrafos a) al y) del artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo están obligados a la implantación de unos protocolos de comunicación y de diligencia debida de prevención y detección.

Las empresas se enfrentan a una realidad cada vez más compleja y desfragmentada de sus obligaciones tributarias procedentes las Administraciones competentes en la materia que pueden ser nacionales o nacidas de Instituciones de la Unión Europa y de los Convenios y Tratados internacionales celebrados por el Estado, lo que les genera una extrema incertidumbre.

Como consecuencia de ello las empresas tienen que contar una añadida diligencia la gestión de sus operaciones e implicaciones fiscales y en especial en los procedimientos que tratan los beneficios transfronterizos de los grupos y, los riesgos fiscales que la incertidumbre geopolítica que opera en mercados como el de los Estados Unidos, China, Reino Unido, Australia e India.

En definitiva, la estrategia fiscal y la gestión de sus riesgos, junto con la de los factores sociales, económicos, ambientales, por su importancia en el impacto social de la empresa es un factor importantísimo de atención para la valoración reputacional de la organización.

El Buen Gobierno y la Responsabilidad Social Corporativa han alcanzando una relevancia significativa para las organizaciones empresariales, instituciones, mercados, inversores y accionistas y la implantación de una cultura de Buen Gobierno Corporativo ayuda a generar confianza en la empresa, seguridad a los inversionistas, administraciones y contratistas.

Ayudamos a compañías de todos los sectores a cumplir e implantar las recomendaciones de los Códigos de Buenas Prácticas de carácter estrictamente voluntario, pero que cuentan con la exigencia de «cumplir o explicar», las normas de obligatorio cumplimiento «ex lege» incorporadas en diferentes disposiciones; y, las recomendaciones basadas en responsabilidad social corporativa.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres establece que las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad como consecuencia deberán implementar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.

En la actualidad como consecuencia del Real Decreto 6/2.019, de 1 de marzo dispone que se debe implantar un plan de igualdad en la organización cuando estas cuenten con más de 50 trabajadores/as reduciendo considerablemente su redacción original que se establecía dicha obligación cuando la empresa contaba con más de 250 trabajadores/as.

Además, también han de implantar un Plan de igualdad en su organización cuando así lo establezca el convenio colectivo de aplicación o cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionar la sustitución de sanciones por la elaboración y aplicación de un Plan de igualdad.

Un aspecto incentivador para el respeto normativo a la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres estable sanciones económicas y, además, si la empresa incumple con su obligación de tener un plan de igualdad, no podrán contratar con entidades del sector público, tal como establece en su art. 71 la Ley de Contratos del Sector Público.

La adecuada revisión de los riesgos en materia laboral, Seguridad Social y Prevención de Riesgos requiere un análisis concreto su situación de contratación, dependencia, comunicación, permanencia y para ello es preciso alinear la estrategia y necesidades empresariales con las normas aplicables al sector y también al territorio donde van a ser aplicables las normas laborales y de seguridad y desarrollar la actividad laboral.

Las organizaciones conforme lo establecido en el actual Código Penal español pueden ser responsables penalmente por los delitos que puedan cometer en su nombre y representación y beneficio directo o indirecto de la compañía cuando este fuera cometido por sus representantes legales o empleados.

El art. 31 bis del Código Penal da las pautas del comportamiento, políticas y procedimientos que han de implantar las organizaciones como sistemas de gestión circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que incluyen medidas de prevención, detección y respuesta a las posibles infracciones.

Nuestros Sistemas de Gestión siguen lo dispuesto por la UNE 19601 que incluye: (I) la identificación de riesgos penales; (II) establecimiento de protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de voluntad de la empresa; (III) modelo gestión recursos financieros; (IV) canal de denuncias; (V) sistema disciplinario; y (VI) verificación periódica del modelo.

El 27 de abril de 2016, el Parlamento Europeo aprobó el Reglamento (UE) 2016/679, que es de aplicación desde del 25 de mayo de 2.018 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

El Reglamento estableció unos estándares adaptados a la era digital y el objetivo de garantizar la protección del derecho fundamental a la protección de datos y, para ello es preciso elaborar un registro de actividades de tratamiento que identifique los procesos que inciden en la gestión de datos de carácter personal (captura, recopilación, explotación, y consolidación de la información), así como los distintos canales empleados (online, papel/físico, dispositivos móviles, eventos) y la interacción con terceros (colaboradores, socios, proveedores…), y cuál es el impacto en los derechos fundamentales de la persona que dicho tratamiento puede provocar.

El Reglamento realiza un endurecimiento del régimen sancionador, pudiendo alcanzar las sanciones económicas hasta una cuantía equivalente al 4% como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero.

Con la aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público hemos pasado a tener una Ley que prevé actuaciones encaminadas hacia la prevención cumpliendo el mandato de las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 que transpone y recoge entre sus novedades las conocidas como medidas de redención o de autocorrección (self-cleaning), por lo que aparecen así las políticas de compliance vinculadas de un modo directo a la contratación pública. Y si bien, las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas es recomendable en post de la transparencia que se implanten políticas y procesos de contratación como mecanismo de redención, incorporado en el trámite de audiencia, para evitar que un futuro licitador sea declarado incurso en una prohibición de contratar. Y para la Administración contratante artículo 64 impone a todos los órganos de contratación la obligación de tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores; así como la posibilidad del establecimiento de canales de denuncias como ya siguen algunas comunidades autónomas y determinadas otras entidades públicas.

Cualquier tipo de actuación o interés de la organización con repercusión o influencia legal puede y debe contar con una visión legal anticipada que prevea con políticas y procedimientos el haber actuado conforme las normas jurídicas generales, especiales o establecidas por los diferentes reguladores en cuanto al sector o ámbito o bien en adelantarse a posibles cambios que se avecinan y así poder tomas medidas antes de que ocurren.

Servicios de compliance.

Consultoría como inicio necesario para la implantación de un sistema de gestión o de situación de gobernanza corporativa, riesgos, cumplimiento normativo o privacidad requiere la identificación y conocimiento de la organización o lo que es lo mismo, su contexto, su formación, sector en el que opera, tamaño y conocer las necesidades y expectativas de terceros de interés, todo ello con el objetivo de identificar con evidencias los riesgos, analizarlos y evaluarlos para de este modo entregar un plan de acción de recomendaciones de implementación para implantar una correcta cultura de cumplimiento.

Identificamos los riesgos inherentes, la gravedad o impacto que generaría su materialización y la probabilidad de que esto acabe produciéndose en el seno de la empresa y evaluamos los riesgos entre la comparación entre los resultados antes y después de implantarse los planes y controles. A través de esta labor se determinará qué escenarios dañosos podrán ser asumidos por la empresa (riesgo residual), aplicando los controles para ello, y cuales en ningún caso pueden ser tolerables, que departamento debe monitorizar e identificar los posibles riesgos legales, qué normativa ha de considerarse y como se priorizan las acciones y normas a tener en cuenta.

La debida diligencia (Due Diligence) son unos procedimientos de los Compliance Program de control de las organizaciones a cualquier tercero o socio comercial, viene descrito entre otras normas en la ISO 19600 o la UNE 19601. Mendo Legal realizamos protocolos para la realización de la trazabilidad con medidas de control adoptadas a lo largo del proceso de selección, contratación y seguimiento de las relaciones con los terceros.

Entre otras cuestiones es importante identificarlos correctamente con el objeto de evaluar su presencia, procedencia e incluso para que se adhieran a los valores de la organización, siendo este un filtro de selección y también para que participen activamente a través de los canales de denuncia en la prevención y esclarecimiento de potenciales infracciones.

La implantación de un sistema de gestión requiere de un riguroso conocimiento de la organización y la existencia de un plan de acción que prevea un trabajo ordenado y sistemático de implantación de las políticas, protocolos y procesos sobre la base de mejora continua.

Un canal de conocimiento y de comunicación ético es esencial para que los departamentos legales y de cumplimiento normativo actúen de modo preventivo ante posibles actuaciones contrarias a las normas regulatorias o éticas y para poder responder ante el indicio de cualquier riesgo o infracción.

Puede ampliar su información.

Tras la implantación de un Sistema de Gestión y antes de solicitar una certificación o de justificar ante un tercero el cumplimiento de ciertos estándares evaluamos que la organización cumple con los requisitos establecidos para ello, con el objetivo de detectar posibles desviaciones o carencias.

Para este servicio Mendo Legal dispone de personal independiente de los que le hubieren realizado su consultoría e implantación con el objetivo de asegurar la objetividad y por tanto el servicio es llevado a cabo por un auditor independiente. Al finalizar la auditoría entregamos un informe detallado del estado en el que se recogen cada uno de los puntos de la norma a certificar o estándar empresarial u organizativo a seguir.

Hemos diseñado (CAaaS) un servicio de suscripción premium por el que por una tarifa mensual fija, que representa una fracción de lo que costaría un abogado interno, puede obtener apoyo legal diario en Corporate Compliance e integrar en su estructura en departamento de compliance.

Para más información (CAaaS)

Uno de los elementos esenciales de un Sistema de Gestión de Compliance es el establecimiento de un adecuado programa de monitorización, gestionar sus controles y su eficacia.

Para ello es preciso estar en el día de a día de la organización y mantener actualizado el programa y la información con la que se llevó a cabo la elaboración primaria del Sistema y concretamente las actuaciones y actividades que realiza la organización y, actualizar los controles a aplicar para la detección de potenciales incumplimientos y malas conductas.

El compliance officer o director/a de cumplimiento normativo de una organización (CCO) dirige, supervisa y gestiona los riesgos y el cumplimiento regulatorio en la organización y cada vez es más importante su figura y sus funciones.

Mendo Legal ofrecemos el servicio integral de externalización del (CCO).

Mendo Legal ofrecemos formación en todas las materias en las que trabajamos en Corporate Compliance. Contamos con consultores jurídicos y técnicos para ofrecer una experiencia global. Nuestros cursos están enfocados tanto para responsables de Compliance como para directivos y empleados de distintos niveles de su organización.

Mendo Legal ofrecemos ayudamos a las organizaciones en la Integración de sus Sistemas de Gestión (calidad, medio ambiente, seguridad, con los de compliance) para que interactúen de un modo ordenado para conseguir una adecuada implantación y que se logre o alcance los objetivos de la organización.

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Valor que aporta

Política de transparencia de precios.

Hemos echado a la basura todos nuestros relojes, ya sean analógicos, digitales o de arena para aplicar acuerdos de honorarios alternativos (AFA) apropiados al valor que el cliente recibe y percibe.

Con ello, ofrecemos tarifas fijas y ahorros de hasta el 60% de la oferta de los despachos tradicionales.

  • Tarifas fijas

  • Tarifas por proyecto

  • Tarifas de servicios a largo plazo

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